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Movimiento obrero y movimientos sociales y políticos en Bolivia: la lucha por una democracia radical Jeffery Webber
La Paz, capital de Bolivia, se halla en un profundo valle del corazón de los
Andes. La morfología geográfica de la ciudad está claramente marcada porprofundas divisiones de clase y el legado de racismo que dejaron las impo-
siciones coloniales españolas y el posterior colonialismo interno, presentedesde la fundación de la República, en 1825. La población indígena —más del60% de la población, según el censo de 2001— ha sufrido en la parte más bajade una jerarquía social tremendamente abrupta que se va volviendo más blancaen proporción directa al privilegio de clase.
La población vecina de El Alto se extiende al borde del Altiplano desde el
que se contempla el valle que acuna a La Paz. Con 700.000 habitantes queviven a 4.000 metros sobre el nivel del mar, El Alto es técnicamente una ciudaddistinta de La Paz, pero hace más bien las veces de gran suburbio de chabolasde esta, pues todos los días bajan a ella multitud de trabajadores en busca deempleo precario en la construcción, en la venta o en los servicios. Ambas áreasurbanas están profunda y desigualmente interconectadas desde el punto devista económico, social y político. El 82% de los alteños, como se llama a losresidentes de El Alto, se identifican como indios. El contraste de las jerarquías
• Artículo publicado en MR, vol 57, nº 4, septiembre de 2005, pp. 34-48. Traducción deMarco Aurelio Galmarini. Jeffery R. Webber es investigador y docente de ciencias políticas enla Universidad de Toronto. Actualmente reside en Bolivia y es miembro del Nuevo GrupoSocialista canadiense. El autor desea expresar su agradecimiento a Juan Arbona, DavidCamfield, Linda Farthing, Dianne Feeley y Susan Spronk por sus útiles observaciones.
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de clase y de raza entre estas dos ciudades es algo visualmente asombroso. Amedida que se baja la montaña desde El Alto hacia el centro de La Paz por lazona sur, las chozas de adobe, las vendedoras ambulantes indígenas y la ausen-cia de infraestructura urbana básica va poco a poco dando paso a rostros másblancos, edificios más altos, aceras y, finalmente, mansiones y Mercedes.
El Alto fue el epicentro de la Guerra del Gas de septiembre-octubre de
2003, que sacudió el paisaje político boliviano con una fuerza nunca vistadesde la revolución nacional de 1952. Los campesinos aimaras del Altiplano,los mineros de la comunidad huanuni del Altiplano, los indios pobres queviven en El Alto y, finalmente, los sectores más pobres de la Paz depusieron alodiado presidente Gonzalo «Goni» Sánchez de Lozada. Incluso algunos pace-ños de clase media realizaron huelgas de hambre los últimos días de revueltapara expresar su rechazo a la masacre de más de setenta personas de la queGoni era responsable.1 Pero a falta de un proyecto político de izquierda capazde hacerse cargo del poder del Estado, las fuerzas populares aceptaron a CarlosMesa Gisbert, a la sazón vicepresidente, como sustituto de Goni con la espe-ranza de que cumpliera su promesa de poner en práctica la Agenda de Octubre,que comprendía la nacionalización de la producción y distribución de gasnatural, someter a juicio a Goni y reunir una Asamblea Constituyente pararefundar el Estado boliviano con el fin de ponerlo al servicio de los intereses dela mayoría, formada por indios pobres.
Por supuesto, Mesa, ex periodista e historiador, no cumplió con la Agenda
de Octubre. En cambio, con una retórica dominada por un neoliberalismomelifluo, promovió el proyecto político y económico neoliberal que se iniciaraen 1985 bajo el gobierno de Víctor Paz Estensoro.
En respuesta al absoluto incumplimiento con la Agenda de Octubre por
parte de Mesa, en 2005 resurgieron las fuerzas populares para impugnar elpoder del Estado, primero con la Guerra del Agua de El Alto en enero y marzoy, luego, en una acción más importante, con la Segunda Guerra del Gas, demayo y junio. El conjunto El Alto-La Paz volvió a ser centro de huelgas, mar-chas, explosiones de dinamita, enfrentamientos con la policía e intentos detomar la plaza Murillo, donde está situado el Palacio Presidencial, intentos reci-bidos con gases lacrimógenos y balas de goma. También hemos sido testigos dela movilización de fuerzas regionales de derechas en el departamento de SantaCruz bajo la bandera de la «autonomía» y en conjunción con rumores de gol-pes y disidencias militares. Para entender la complejidad del conflicto actual espreciso remontarse, aunque sea brevemente, a sus raíces históricas.
La renovación de las fuerzas populares y la prolongadacrisis del Estado neoliberal
De 1964 a 1982 Bolivia sufrió una serie de golpes y, sobre todo, de dictadurasmilitares de derecha. En 1982 se restauró el procedimiento democrático gracias
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a una meritoria lucha popular. Entonces se hizo cargo del poder del Estado unacoalición poco consistente de fuerzas de izquierdas bajo la bandera de UnidadDemocrática Popular (UDP). Con la herencia de la extraordinaria deuda acumu-lada durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), el padecimiento dedivisiones internas sin fin, la lucha contra una tremenda hiperinflación y parali-zada en buena cantidad de frentes por los esfuerzos obstruccionistas de derecha,el Gobierno de la UDP se vio obligado a convocar elecciones anticipadas en1985, tras lo cual se abrió un periodo de hegemonía neoliberal (1985-2000).
Los quince años de «democracia pactada» —una serie de gobiernos forma-
dos apresuradamente por coaliciones de partidos de derecha con rivalidades detoda la vida— se vieron reforzados por los militares, por un entorno interna-cional amistoso de poderes imperialistas e instituciones financieras internacio-nales, así como por una unidad sin precedentes entre las distintas facciones dela burguesía boliviana. Tal contexto permitió introducir por la fuerza en lasociedad boliviana un capitalismo de «mercado libre» cuyas consecuenciassociales fueron devastadoras.
La izquierda, devastada por la desmoralizadora persecución de sus estruc-
turas partidistas, movimientos sociales y bases sindicales llevada a cabo por elGobierno de la UDP, no pudo proyectar ninguna alternativa política, social nieconómica al asalto neoliberal. En 1985 se puso el último clavo al ataúd de lasfuerzas populares. Ese año se hundió el precio internacional del estaño, lo cualdestruyó a los mineros que lo extraían y que habían sido la vanguardia de laizquierda boliviana desde la revolución de 1952. Representaban la espina dor-sal de la Central Obrera Boliviana (COB), de extraordinaria radicalidad y mili-tante independencia.
Cuando el precio del estaño tocó fondo, los protagonistas neoliberales del
Estado aprovecharon la oportunidad para privatizar las minas, con lo que for-zaron a casi 30.000 mineros a «recolocarse» y encontrar medios de subsisten-cia en las ciudades (incluido El Alto) o en la región del Chapare, donde se cul-tivan las hojas de coca para la exportación. Los mineros siguieron con susprotestas, pero débilmente y sin producir impacto alguno. La vanguardia de laizquierda se desplazó a los cocaleros, que, debido al acoso y la represión cons-tantes de la «guerra contra la droga» dirigida por los Estados Unidos, desarro-llaron una impresionante orientación ideológica antiimperialista, imbuida delmarxismo revolucionario de los mineros recolocados y la política de resistenciaindia de los campesinos de Chapare. Este último aspecto del desarrollo ideoló-gico de los cocaleros se iría refinando con los años y quedaría representado enel símbolo santificado de la hoja de coca y en el wiphala, la bandera multicolorde los indígenas.
Aunque los cocaleros protagonizaron una feroz lucha local contra el impe-
rialismo y el proyecto neoliberal, y aunque llegarían a ser la base del partidomás fuerte de la reconstituida izquierda boliviana, el Movimiento al Socialismo
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(MAS), lo cierto es que su papel en la izquierda boliviana durante los años de1980 y 1990 no tuvo ni remota semejanza con el papel jugado por el amplio ehistórico movimiento de mineros. El periodo de hegemonía neoliberal, 1985-2000, representó sin lugar a dudas la derrota histórica de la izquierda y parecióinculcar profundos sentimientos de derrota en los sectores populares que, de locontrario, habrían podido ejercer una cierta resistencia. Mientras tanto, otrasfiguras prominentes de la izquierda pasaron a trabajar con organizaciones nogubernamentales o se convirtieron lisa y llanamente al proyecto neoliberal.
La situación comenzó a cambiar a pasos de gigante en febrero-abril de
2000, con ocasión de la Guerra del Agua, de carácter rural-urbano y multicla-sista, que puso freno a la privatización del agua que exigía el Banco Mundial, altiempo que expulsaba a un consorcio multinacional encabezado por la corpo-ración norteamericana Bechtel. Encolerizada por los aumentos de tarifas y lasleyes gubernamentales de privatización del agua, la gente, que procedía de dis-tintos grupos sociales, como, entre otros, campesinos que se dedicaban a culti-vos de regadío, comités del agua de los pobres de las ciudades y usuarios urba-nos del agua, se coaligó bajo el paraguas del Comité Coordinador para laDefensa del Agua y la Vida, del que surgió el liderazgo de Oscar Olivera. Fueeste uno de los dos momentos iniciales en el ciclo de rearticulación de las fuer-zas indígenas de izquierda; el otro fue el de una serie de bloqueos de carreterasy de protestas en las comunidades aimaras del Altiplano durante el año 2000. La Guerra del Agua señaló la primera ruptura del tejido neoliberal que llevabaquince años en el poder, dejó al descubierto el fracaso del modelo económico ala hora de producir las maravillas que habían prometido diferentes gobiernos einyectó al mismo tiempo vida y organización en el descontento social existente.
Al hablar de «rearticulación» de las fuerzas indígenas de izquierdas me
refiero a los momentos históricos en que los explotados y los oprimidos reco-nocen conscientemente los elementos comunes de explotación clasista y deopresión racial y son capaces de organizarse para luchar por sus intereses. Explotados y oprimidos son siempre, pero sólo en contadas ocasiones resultancapaces de organizarse y movilizarse.
El periodo comprendido entre 2000 y 2005 constituye una rearticulación
de las fuerzas populares en dos sentidos. En primer lugar, con el aplastamientode los mineros en 1985 se cerró una fase de la lucha de la izquierda por elsocialismo, cuyo origen se remontaba a la era revolucionaria de los años de1950. En aquel momento, la izquierda en general no reconocía la opresiónracial como componente significativo de la condición poscolonial boliviana. Mediante el nuevo ciclo de protesta que se inició con la Guerra del Agua enCochabamba, las fuerzas populares se rearticularon, esta vez con un nuevoreconocimiento de la opresión racial y un papel mucho más importante de loscampesinos indios en su seno.
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Por lo tanto, en un primer sentido, los años 2000-2005 asisten a una rearti-
culación efectiva de las fuerzas populares, puesto que en los quince años ante-riores no se había producido ninguna resistencia popular seria al neolibera-lismo. En 2000, de las cenizas de las luchas de los mineros nació una nuevaizquierda. Pero, en un segundo sentido, y de mayor dimensión histórica, se tratade un periodo de rearticulación de los indios de izquierdas, porque en él seadvierten al menos los inicios de un fructífero intercambio entre la ideologíamarxista y la indigenista, algo que no se veía en Bolivia desde la década de 1920.
La Guerra del Agua politizó los fracasos del programa de privatización de
Goni, eufemísticamente apodado «capitalización», que no era otra cosa que laventa de bienes del Estado a precio de saldo, lo cual agravó la crisis financieradel Estado. Un elemento decisivo de esa capitalización fue la Ley deHidrocarburos de 1996. En virtud de esa ley se privatizó el sector de los hidro-carburos (en particular el gas natural), lo que acabó con un recurso clave deingresos del Estado. Consecuentemente, de 1997 a 2002 el nivel de préstamode Bolivia aumentó del 3,3% al 8,6% de su PIB.2 Las exigencias del FondoMonetario Internacional (FMI) —cambios regresivos en la estructura imposi-tiva y reducciones del gasto público para mitigar el déficit presupuestario—crearon las condiciones para nuevas crisis políticas.
Las elecciones generales de 2002 constituyeron el segundo signo clave de
rearticulación de las fuerzas indígenas de izquierdas y, a la vez, de la crisis delEstado neoliberal. La era de democracia pactada se vio seriamente erosionadacuando el MAS, encabezado por Evo Morales, obtuvo el 21% de los votospopulares, sólo por detrás del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)de Goni, derechista, que logró el 22%. Además, el Movimiento IndígenaPachakuti (MIP), encabezado por el aimara radical Felipe Quispe, consiguió el6% del voto popular y fue capaz de entrar en la liza electoral con una presenciaarraigada en el Altiplano. Por primera vez, las fuerzas indígenas de izquierdas,cuyos candidatos eran campesinos indios, establecía una presencia considera-ble en la arena electoral, pese al triunfo de Goni.
La coyuntura crítica siguiente de crisis del Estado, tanto en términos finan-
cieros como de quiebra de su aparato coercitivo, ocurrió en febrero de 2003. Las desgracias financieras del Estado liberal continuaron a paso redoblado, y lacondescendencia de la élite neoliberal boliviana con los caprichos de las insti-tuciones financieras internacionales quedó más a la vista. El impulso bolivianoa «privatizarlo todo», incluso el devastador saqueo de los hidrocarburos delpaís, tuvo en el FMI un propulsor decisivo. Como dijo Jim Schultz, «por com-placer las exigencias de privatización del FMI, Bolivia terminó reduciendo surenta pública y empezó a adquirir déficit públicos cada vez mayores. Luego elFMI volvería a Bolivia y presionaría para que esta redujera esos déficit, no aexpensas de las corporaciones extranjeras, sino de los trabajadores pobres delpaís».3
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A principios de 2003, el FMI anunció que la concesión de nuevos présta-
mos dependía de que el Gobierno redujera su déficit presupuestario del 8,7 al5,5% de su PIB en un año mediante una combinación de recortes del presu-puesto y aumentos fiscales por un valor total de 250 millones de dólares.4 Enrespuesta, el 9 de febrero de 2003 se anunció un nuevo paquete de impuestosque desplumaba a los trabadores pobres.
En ese momento, las fuerzas policiales, mal pagadas, estaban comprometi-
das en una brutal disputa con el Gobierno sobre salarios impagados y deman-das de aumentos de salario. Una compleja serie de acontecimientos condujo auna revuelta de la policía que tuvo su centro en la plaza Murillo y fue rápida-mente contraatacada por fuerzas militares leales a Goni y al Estado neoliberal. Junto a la policía, los sectores populares se unieron a las manifestaciones, conla participación principal de jóvenes activistas estudiantes. En esos aconteci-mientos murieron treinta y cuatro personas.5
La crisis del Estado no podía ser más clara. La policía y los militares —los
dos brazos de la coerción estatal— se tirotearon frente al Palacio Presidencialen medio de una crisis financiera producida por las políticas neoliberales, lacreciente sumisión a los dictados del FMI y el derramamiento de sangre en lascalles. Juntos, estos factores encendieron el fuego del descontento y el agravioentre los movimientos sociales progresistas que volvían a reagrupar sus fuerzas.
Tanto la reorganización de los indígenas de izquierdas como la crisis del
Estado liberal llegaron a su culminación con la Guerra del Gas de septiembre-octubre de 2003. Brevemente, los actores eran: los campesinos aimaras delAltiplano, con una serie de demandas ligadas a la autonomía indígena y a la rei-vindicación de su presencia y su dignidad en el Estado racista boliviano; losmineros de Huanuni; contestatarios urbanos de El Alto, con fuertes conexionescon las luchas de los campesinos indígenas aimaras y los antiguos minerosrecolocados; los sectores pobres de La Paz, y, por último, los paceños de clasemedia, disgustados por la violencia del Estado bajo el gobierno de Goni. Finalmente, en todo el territorio del Estado boliviano, tanto en las ciudadescomo en el campo, se produjeron gran multitud de marchas solidarias y otrasformas de protesta.
Las motivaciones de la revuelta eran muy variadas y complejas, pero el
catalizador esencial de todas ellas fue el acuerdo con un consorcio internacio-nal para exportar el gas natural a Estados Unidos a través de Chile. La matanzade activistas indígenas que realizó Goni en el Altiplano, El Alto y La Paz elevólos niveles de unidad y agravio, a la vez que proporcionó un objetivo más cla-ramente perceptible. El 17 de octubre de 2003, Goni y su círculo más cercanohuyeron al exilio en Estados Unidos, lo que permitió a Mesa asumir el poder através de mecanismos constitucionales. De esa ola de movilización y de repre-sión estatal surgió la Agenda de Octubre.
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Los acontecimientos de octubre de 2003 pusieron de manifiesto el pro-
fundo abismo entre los sentimientos populares y los ideales neoliberales en elseno del Estado boliviano. Mostraron la absoluta incapacidad del Gobierno deGoni para gobernar por consenso, así como la debilidad del Estado neoliberalal apelar a la coerción más extrema, cuyo resultado fue la muerte de más desetenta manifestantes desarmados. También quedó clara la capacidad de movi-lización del pueblo del Altiplano y de El Alto y la unidad ideológica de la luchaindígena de raíz aimara con las más antiguas tradiciones de izquierda. Almismo tiempo, la asunción del poder por parte de Mesa reflejaba la debilidadde la organización política de las fuerzas populares de octubre y las divisionesen el campo de la izquierda indígena, demasiado predominantes salvo durantelos episodios de crisis grave.
El régimen de Mesa después de octubre: un mapa de lasfuerzas sociales
Aunque Mesa visitó El Alto inmediatamente después de asumir el poder y ase-guró a las masas que proseguiría con la Agenda de Octubre, muy pronto diomuestras de su verdadera orientación política. A pesar de que la retórica deMesa establecía tajantes diferencias entre su posición y la de Goni, lo cierto esque la continuidad entre su política económica y social y la de su predecesor nopudo ser más profunda.
En todas las cuestiones importantes para los sectores populares que con
tanta valentía se habían levantado y le habían permitido asumir el poder —política macroeconómica, fiscal, de hidrocarburos, tratamiento de campesinosindígenas pobres y sin empleo, las negociaciones comerciales bilaterales conEstados Unidos y el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de lasAméricas—, Mesa actuó en nombre de los poderes imperiales y las seccionesde la burguesía boliviana de orientación capitalista internacional. Su gabinete,como era lógico, estaba plagado de ministros gonistas.
Mientras, el MAS, tras no desempeñar prácticamente ningún papel en la
insurrección de octubre, tampoco respondió a las oportunidades históricas quese presentaron con posterioridad a ella. En lugar de continuar con la moviliza-ción existente y la política de calle en solidaridad con las fuerzas popularesradicales movilizadas, optó por cooperar con el régimen de Mesa, aceptar eldiscurso de este desentendiéndose de su práctica y centrarse en su incoherenteestrategia de seducir a las clases medias urbanas con la esperanza de ganar laselecciones presidenciales de 2007.
El abismo entre la sofisticación televisada de Mesa y la realidad de su acción
efectiva de gobierno no podía prolongarse mucho tiempo. La luna de mielacabó en enero de 2005 con la irrupción de la Segunda Guerra del Agua deBolivia, con base en El Alto. Los alteños organizaron una huelga general de 72
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horas en El Alto a través de la estructura organizativa de la Federación deJuntas Vecinales de El Alto (FEJUVE-El Alto), que, junto con la Central ObreraRegional de El Alto (COR-El Alto), había sido una institución clave en la insu-rrección de octubre de 2003. Los huelguistas pedían la expulsión inmediata deAguas del Illimani (el consorcio privado controlado por la multinacional fran-cesa Suez) y su sustitución por una nueva compañía de aguas, sin ánimo delucro y bajo control social. La FEJUVE comenzó también a expresar una polí-tica que ligaba su frustración en esta cuestión con el fracaso de Mesa en el cum-plimiento de la Agenda de Octubre en general. Prudentemente, Mesa no sacólos cañones a la calle contra los huelguistas y, en cambio, promulgó un decretoque ponía fin al contrato firmado con Aguas del Illimani en 1997.
La abstención del uso de la violencia por parte de Mesa, junto con las efec-
tivas tácticas de movilización de los manifestantes y su éxito en la recolocaciónde los problemas de la nacionalización del gas y la Asamblea Constituyente enla esfera pública, dieron lugar a la resurrección de las fuerzas sociales deextrema derecha. Estas tenían su base ante todo en el departamento de SantaCruz, pero se extendían a los de Tarija, Beni y Pando. El discurso público enesta materia enfrenta a la zona este del país (Santa Cruz) con el oeste (sobretodo La Paz).
Comenzaron a surgir con más fuerza los llamamientos a la «autonomía»
(demanda histórica de la región de Santa Cruz, que en la actualidad ha que-dado impregnada de sentimientos populistas de extrema derecha). Dos promi-nentes intelectuales bolivianos de izquierda, Walter Chávez y Álvaro GarcíaLinera, describen la ideología burguesa del descontento de los cruceños comola ideología del «mercado libre, la inversión extranjera, el racismo, etc.», queopone a la élite «moderna» y «blanca» de Santa Cruz frente a los pueblosaimara y quechua, bajos, de piel oscura, atrasados y anticapitalistas, de laregión occidental de Bolivia, sobre todo en el departamento de la Paz.
Durante tres semanas, la élite cruceña renovó sus demandas de autonomía
a la cabeza de una serie de protestas de derechas con apoyo popular en contradel «centralismo» de La Paz, que culminaron en huelgas de hambre, ocupacio-nes de edificios públicos y el cierre del aeropuerto internacional de Santa Cruz. Esta movilización llegó a su apogeo en una marcha que sacó a la calle a300.000 personas. Su «Agenda de Enero» se oponía a la Agenda de Octubre delos indios de izquierdas. La Agenda de Enero trataba de proteger los derechosde la propiedad privada, el control privado de los depósitos de petróleo y degas natural en las zonas orientales y sureñas del país.
Sin embargo, para Chávez y García Linera, el hecho de que la élite cruceña
haya optado por regionalizar sus luchas actuales en vez de tomar como escena-rio el Estado a nivel nacional apunta a una paradoja: bajo la bandera de la auto-nomía regional, la élite cruceña daba muestras de una capacidad de organiza-ción y de un vigor desconocidos desde el avance popular de la rebelión de
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octubre; no obstante, durante el periodo de hegemonía neoliberal (1985-2000), esa misma élite había disfrutado de acceso irrestricto al poder delEstado nacional gracias a las posiciones clave que ocupaba en los principalespartidos neoliberales comprometidos con la democracia pactada. Que la élite selimitara a reclamar únicamente la «autonomía» de Santa Cruz da muestra de ladebilidad de la extrema derecha frente a los movimientos populares del Altiplanoy El Alto.6
Al mismo tiempo que el fervor de Santa Cruz se retiraba a un segundo
plano, el Alto comenzaba a resurgir. A finales de febrero de 2005, cuando toda-vía no se había establecido una fecha para la expulsión de Aguas del Illimani, laFEJUVE-El Alto anunció una huelga general que empezó el 2 de marzo. Tras uncomienzo débil, la huelga general cobró fuerza y paralizó El Alto al cerrar lascarreteras decisivas entre La Paz y el resto del país. Mientras tanto, en muchosdepartamentos los campesinos y otros sectores sociales comenzaron a bloquearcarreteras para exigir el cumplimiento de la Agenda de Octubre y, en menormedida, expresar su solidaridad con los huelguistas alteños.
Con varias propuestas de una nueva ley de hidrocarburos en el Congreso, el
MAS parecía comenzar a alejarse de su actitud conciliadora con Mesa, comoponían en evidencia los llamamientos de Evo Morales, junto con Oscar Olivera,a favor de una ley de hidrocarburos más próxima a satisfacer la exigencia denacionalización surgida de la Guerra del Gas de 2003. El país se paralizaba y laviabilidad del Estado neoliberal volvía a quedar en cuestión. Hubo sectores dederechas que empezaron a reclamar que se «liberaran las carreteras», que sepermitiera la práctica del comercio. Despojado de su ropaje orwelliano, esoquería decir: «descabezad y aplastad a los movimientos sociales».
Incapaz de usar la fuerza letal contra los movimientos populares y, en apa-
riencia, renuente a hacer tal cosa, Mesa optó la tarde del domingo 6 de marzode 2005 por dirigir por televisión al país un discurso de «dimisión». En él sedestacaban los innumerables males de los movimientos sociales y lo inevitabley deseable de capitular ante el capital global y las fuerzas imperialistas. A lamañana siguiente presentaba ante el Congreso su dimisión revocable, que elCongreso rechazó. Mesa, que contaba con ese resultado, reconfiguró su coali-ción y quemó el puente hacia la izquierda que había constituido el MAS.
El giro de Mesa a la derecha condujo a una breve rearticulación de una
amplia unidad de izquierdas, incluido el MAS. Mesa dio un giro y amagó otromovimiento político con la solicitud al Congreso de que anticipara las eleccio-nes presidenciales previstas para 2007. Una vez más, eso fue rechazado por elCongreso, y Mesa prometió permanecer en el poder hasta que finalizara sumandato constitucional. Denigró públicamente a todas las fuerzas popularescomo «no democráticas». Pasó por alto el hecho de no haber sido nunca ele-gido presidente y que la única razón por la que había asumido el cargo era quelos movimientos sociales se lo habían permitido en octubre de 2003. El único
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rasgo distintivo entre Goni y Mesa residía en la diferencia de sus respectivasactitudes ante el uso de la fuerza mortífera contra civiles desarmados.
La segunda Guerra del Gas: mayo-junio de 2005
En los primeros días de junio de 2005, Bolivia se hallaba encerrada en lo que elhistoriador y activista Forrest Hylton describió como la «agonía del puntomuerto». Es el último capítulo de lo que a mi juicio constituye el momentodividido, pero real, del resurgimiento de las fuerzas indígenas de izquierdas,que, sin embargo, carecen todavía de proyecto político como para apoderarsedel poder. En consecuencia, a la hora de enfrentarse a un proyecto neoliberalen crisis, las fuerzas populares que hay detrás de la Agenda de Octubre seencuentran divididas y su capacidad política es limitada en la actual coyuntura,aun cuando mantienen niveles espectaculares de continuas y activas moviliza-ciones en la calle. Eso es lo que ha puesto de manifiesto la segunda Guerra delGas en Bolivia desde su inicio, el 16 de mayo de 2005.
Ese lunes 16 de mayo de 2005 participé en una marcha multitudinaria de
decenas de miles de manifestantes procedentes de El Alto que bajaban por lasfaldas de La Paz hacia la plaza Murillo en el primero de los enfrentamientosentre policía y activistas que se producirían durante semanas, al comienzo deforma esporádica y luego constantemente.
Entre las muchísimas organizaciones que participaron en las acciones de
aquel día se hallaban la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la CentralObrera Departamental de El Alto, la Confederación de Pueblos Originarios, laFederación de Campesinos de La Paz (Tupaj Katari), la Central ObreraBoliviana (COB) y los sindicatos de maestros de El Alto y La Paz.
Mientras recorríamos el camino de protesta de El Alto a La Paz —tres horas
de marcha a lo largo de once kilómetros—, los cánticos de los movilizados,junto con una serie de conversaciones y entrevistas, iban expresando lasdemandas fundamentales del día que, en orden decreciente de importancia,eran: nacionalización del gas, el cierre del Parlamento, como demostración depoder y de decisión de las fuerzas populares, y la renuncia de Mesa. En lassemanas siguientes, a medida que la segunda Guerra del Gas se iba desarro-llando, se agregarían a la lista de las demandas del 16 de mayo los temas másantiguos de octubre: la convocatoria inmediata de una Asamblea Constituyentey, aunque menos importante, un juicio a Goni y a su banda asesina de aliadosmás próximos. Como sugirió un trabajador que marchaba cerca de mí, el temacomún de esas demandas era la búsqueda popular de dignidad: «El Gobiernoha estado del lado de las transnacionales y los ricos. Queremos un Gobiernodel lado del pueblo». Las conversaciones entre los manifestantes pusieron enevidencia que ya pensaban en la posibilidad de otro Octubre.
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A la una de la tarde del 17 de mayo de 2005, Mesa proporcionó el combus-
tible necesario para hacer estallar el incendio de las fuerzas sociales que com-petían con el Estado boliviano, con todas sus complejidades de índole regional,de clase y étnica. A esa hora se dio a conocer que el presidente ni promulgaríani vetaría la discutida ley de hidrocarburos que el Congreso había aprobadodiez días antes. La «decisión» de Mesa, de acuerdo con la Constitución, signifi-caba que el presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, estaba obligado apromulgar la ley, lo que hizo de inmediato. La nueva ley de hidrocarburos pro-porcionaba royalties del 18% en boca de pozo y un 32% de impuesto directosobre los hidrocarburos, anuncio que distaba mucho de la nacionalización quepedían las fuerzas populares de El Alto y del Altiplano. En la Asamblea de laFEJUVE-El Alto de aquella tarde, los espíritus beligerantes estaban exaltados yse trazaron planes para renovar la lucha de una manera coordinada y efectiva.
Mientras tanto, bajo el paraguas del MAS, se planeaba otra marcha de
Caracollo a La Paz de 200 kilómetros y cuatro días de duración, lo que expre-saba una vez más la división en el seno de los movimientos radicales y popula-res y el papel del MAS en esa coyuntura política. Toda una serie de organiza-ciones implicadas en el Pacto de Unidad acordaron marchar conjuntamentecon el MAS, no a favor de la nacionalización, sino de royalties del 50% en lugardel 18% que fijaba la nueva ley. También exigían, con más fuerza esta vez, unplan para convocar la Asamblea Constituyente.
El 23 de mayo de 2005, la marcha encabezada por el MAS llegó a El Alto.
Los manifestantes fueron recibidos por los sectores populares organizados deEl Alto que reclamaban la nacionalización. Muchos de los manifestantes dirigi-dos por el MAS respondieron a los alteños que estaban de acuerdo con la«nacionalización». Sin embargo, Evo Morales se mantendría a distancia de lossentimientos de la base. Después, esa misma tarde, tuvo lugar un gran mitincon discursos y vítores en la plaza de los Héroes, en el centro de La Paz. En esafase estaba clara la división en los movimientos, sobre todo en el llamamientode Evo Morales a una Asamblea Constituyente por encima de todo y su rechazoal cierre forzado del Parlamento, la dimisión de Mesa y la nacionalización delgas natural, mientras Jaime Solares (líder de la COB), entre otros, exigía lanacionalización del gas, el cierre del Parlamento y la dimisión de Mesa. Solaresapelaba a los ejemplos de Venezuela y de Cuba para animar a la multitud. El díasiguiente estuvo lleno de enfrentamientos cada vez más intensos entre, por unlado, los campesinos aimaras y los activistas mineros y, por el otro lado, la poli-cía, cuando los manifestantes trataron de entrar en la plaza Murillo y cerrar elPalacio Presidencial. El 30 y el 31 de mayo fueron los días de mayores movili-zaciones desde octubre de 2003.
Cuando llega a su fin la primera semana de junio, La Paz está prácticamente
vacía de turistas, pues las embajadas extranjeras aconsejan a sus ciudadanos queeviten viajar a Bolivia, los rumores de golpes militares son tema diario de con-
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versación y el aprovisionamiento de gas natural se está agotando en La Pazdebido a la huelga general de El Alto y varios bloqueos de carreteras, a la vez quela situación política del país se encuentra en un tenso e incierto punto muerto.
En la televisión se ha visto a dos oficiales del ejército que abogaban por la
constitución de un gobierno cívico-militar de izquierdas para cumplir con laAgenda de Octubre y reemplazar al régimen de Mesa. Aparentemente, sinembargo, contaban con escaso apoyo de las fuerzas armadas y de los movi-mientos sociales. Ciertos sectores de las fuerzas policiales han comenzado asugerir públicamente, mediante llamadas telefónicas a estaciones de radiopopulares, su intención de negarse a seguir arrojando bombas de gas a mujeresy niños en la calle. Por ahora no está claro en qué medida ha calado dicho sen-timiento en las fuerzas policiales. Importantes asociaciones empresariales deSanta Cruz y La Paz reclamaron a Mesa que, dada la ingobernabilidad del país,adelantara las elecciones. El movimiento por la autonomía de Santa Cruz estáganando fuerza nuevamente. Al mismo tiempo, un grupo fascista juvenil, queel MAS señala como ala militar del Comité Cívico de Santa Cruz, ha agredidoviolentamente a manifestantes campesinos indígenas en ese departamento.
Mesa sigue sin emplear la fuerza mortal, aun cuando la plaza Murillo está
permanentemente defendida por barricadas con centenares de hombres de lapolicía militar, mientras que el intercambio de dinamita, gases lacrimógenos ybalas de goma entre las fuerzas policiales y los manifestantes continúa impreg-nando la vida cotidiana. La salida del actual punto muerto dista mucho de serclara. Con todo, es evidente que los problemas que en octubre de 2003 queda-ron sin resolver están resurgiendo en diversas y poderosas formas y que no esprobable que desaparezcan mientras el colonialismo racista interno y la ferozexplotación capitalista e imperialista que caracteriza a la Bolivia contemporáneano sean eliminados. Desafortunadamente, en la actual coyuntura las fuerzaspopulares —pese a su capacidad de movilización— permanecen divididas ysin un proyecto político coherente para sustituir al Ancien Régime.
Durante las movilizaciones de mayo-junio se produjeron cortes de carreteras enlos nueve departamentos de Bolivia. El Alto, bajo la dirección de la FEJUVE-ElAlto, lanzó y sostuvo con éxito una huelga general de tres semanas en todo elsuburbio de chabolas que bloqueó las carreteras de acceso a La Paz. Los preciosde los artículos básicos de alimentación se elevaron y en la capital se agotó efec-tivamente el aprovisionamiento de gasolina y de gas natural. Por añadidura,durante el periodo de movilización la planta de gasolina de Senkata, en El Alto,estuvo rodeada de barricadas y bajo control de los huelguistas las veinticuatrohoras del día.
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Grupos de indígenas de la parte oriental del país —históricamente menos
radicales e independientes que los del Altiplano— ocuparon los yacimientospetrolíferos y de gas para cortar el suministro de esos recursos en solidaridadcon las luchas que terminaron por extenderse a toda la nación.
El 6 de junio de 2005, los manifestantes llegaron a sumar entre 300.000 y
500.000 en La Paz, ocupación extraordinaria de la ciudad con un espíritu deci-didamente revolucionario en el aire. Mesa no pudo seguir ignorando las vocesde las «minorías» que lo hostigaban y le impedían su regulación neoliberal delcapitalismo en Bolivia. Esa tarde anunció su dimisión, que, según laConstitución, tiene que ser aprobada por el Congreso. En esa fase de parcialvictoria popular fue cuando, del modo más clamoroso, se puso de manifiesto laausencia de estrategia del poder popular entre las fuerzas indígenas de izquier-das. Mesa se había marchado. ¿Qué vendría luego?
Durante un tiempo, las facciones conservadoras del sistema de partidos —
el MNR, Acción Democrática Nacional (ADN), el Movimiento de IzquierdaRevolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR)— habían urdido unplan para llenar el vacío de poder que seguramente se produciría como conse-cuencia del creciente debilitamiento del Gobierno de Mesa. De acuerdo con laConstitución, después de que el 6 de junio Mesa anunciara su dimisión revoca-ble, el Congreso podía permitir al presidente del Senado, Hormando Vaca Díez,del MIR, que asumiera la presidencia. Si no era aceptado o si declinaba la invi-tación, el siguiente en la línea sucesoria sería el presidente de la Cámara deDiputados, Mario Cossío, del MNR. Por último, si se prescindía de ambos, ocu-paría la presidencia de la nación el presidente del Tribunal Supremo, EduardoRodríguez.
Rápidamente se convocó para el 9 de junio una sesión especial del
Congreso en Sucre, y no en La Paz, con el fin de evitar las manifestaciones. Comenzaba la segunda fase del drama. Era para todos evidente que la derechase estaba uniendo en torno a Vaca Díez. La izquierda respondió exigiendo quese prescindiera de Vaca Díez y de Cossío y que, en cambio, se llamara a asumirla presidencia a Rodríguez, de quien se esperaba que convocara eleccionesgenerales de inmediato.
Las fuerzas populares —las más importantes de las cuales eran las de los
campesinos y los mineros— movilizaron a millares de individuos para acudir aSucre a impedir la toma de poder de Vaca Díez. En el seno del Congreso, elMAS y el MIP también se opusieron al plan de Vaca Díez y, en consecuencia, sesumaron de momento a las fuerzas populares en las calles y en el campo.
No obstante, que Vaca Díez se repusiera y consiguiera el apoyo de la mayo-
ría del Congreso era una posibilidad nada remota. Pero, de golpe, esa posibili-dad desapareció cuando los choques entre mineros y policías en Yotala —a 18kilómetros de Sucre— crearon el primero y único mártir de los días de mayo yjunio, el minero Carlos Coro. No había duda de que el país ardería en llamas si
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Vaca Díez alcanzaba el poder. En consecuencia, el 9 de junio el NFR retiró suapoyo a Vaca Díez en el Congreso, lo que imposibilitó la feliz culminación delplan de la derecha. Se proclamó presidente de la República a Rodríguez.
No cabe duda de que en los días de mayo y junio se asistió a un impresionantedespliegue de política radical desde abajo que terminó con el vergonzosoespectáculo del Gobierno de Mesa y, posteriormente, puso fin al proyecto con-trarrevolucionario que entrañaba el intento de colocar a Vaca Díez en la presi-dencia.
Sin embargo, la nacionalización del gas, que fue la exigencia en torno a la
cual se unieron toda una gran diversidad de luchas, ha quedado fuera de laagenda política manifiesta. Eso supone una importante derrota popular, almenos por el momento. Rodríguez, probablemente más reaccionario que Mesa,es ahora presidente hasta que se celebren las elecciones, el 4 de diciembre de2005. La derecha está tratando de reorganizarse a través de la política electoral,lo que resulta particularmente perceptible en el caso del ex presidente JorgeQuiroga y su Alianza para el Siglo XXI. A pesar de la incompetencia de la dere-cha en general y de la falta de legitimidad de sus viejos partidos —MNR, ADN,MIR—, esta cuenta con grandes apoyos entre la población del país. En efecto,el sistema de los Estados imperiales, los sistemas financieros internacionales ylas corporaciones transnacionales que operan en Bolivia son los puntales de laestabilidad neoliberal. En otras palabras, si la izquierda no toma el poder, escasi como si la derecha ganara por incomparecencia de su adversario.
Mientras, Evo Morales está cometiendo su propio suicidio político y tra-
tando de atraer a todos los cuadros de la izquierda. En la última reunión gene-ral del MAS del 17 de junio en Cochabamba, las bases del partido pidieron quelos líderes organizaran un frente con las fuerzas sociales movilizadas del país. En lugar de esa orientación política de principios y con fundamento estraté-gico, Evo Morales anunció —aproximadamente una semana después de la reu-nión con las bases— que había llegado a un acuerdo preliminar para formar unfrente electoral común con el Movimiento sin Miedo (MSM), dirigido por elalcalde de La Paz, Juan del Granado.
El MSM es un partido que se pronunció contra la nacionalización del gas,
gobernó el municipio de La Paz como una fuerza neoliberal, se embarcó enhostilidades contra el movimiento de El Alto en 2005 por la expulsión de lacompañía internacional Aguas de Illimani y el establecimiento de un sistemahídrico público bajo control social y, por último, se alió con el régimen deMesa. En verdad, Granado ha declarado públicamente que el frente, quesupuestamente está contra el neoliberalismo, no puede impedir que Mesaregrese a la política como miembro de su equipo.
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Hasta ahora, la izquierda del movimiento social sólo ha sido capaz de
expresar su frustración ante la degeneración de Morales en un político «tradi-cional». La FEJUVE-El Alto ha discutido vagamente la posibilidad de crear uninstrumento político autónomo, como ha hecho la Central Obrera Boliviana. Sin embargo, hasta ahora, la derecha apuesta por una victoria en diciembre porausencia de contrincante, y Morales y el MAS, al abandonar tanto los vínculoscon el pueblo radicalizado y sus propias bases partidarias, como la dirección deuno y otras, contribuyen a aumentar la probabilidad de que eso ocurra.
1. Los cálculos de muertos y heridos en los acontecimientos de septiembre-octubre de 2003 son
diversos. En Agonía y Rebelión Social (La Paz y Cambridge, Capítulo Boliviano de DerechosHumanos, Democracia y Desarrollo, 2004), Edgar Ramos Andrade sostiene que hubo 73 muer-tos y 470 heridos.
2. Jim Schultz, Deadly Consequences: The International Monetary Fund and Bolivia’s «Black February»,
Cochabamba, The Democracy Center, 2005.
3. Schultz, Deadly Consequences, p. 16. 4. Schultz, Deadly Consequences, p. 18. 5. Schultz, Deadly Consequences, p. 18. 6. Walter Chávez y Álvaro García Linera, «Rebelión Camba: Del dieselazo a la lucha por la autono-
mía», El Juguete Rabioso, 23 de enero de 2005.
MEDICAL RECORD CODING CASE DUE 01/20/10 Note: 20 Points for each correct code on the attached answer sheet Code the procedure(s) performed at the ambulatory surgery center for the gastroenterologist only. AMBULATORY SURGERY CENTER CHART Admit Date/Time: 3/14 10:00 am Discharge Date/Time: 3/14 12:45 pm Sex: M Age: 59 Disposition: Home Height: 5’6” Wei
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